Inaceptable discutir agenda de seguridad y justicia con Jaime Rodríguez

Las elecciones presidenciales de este 2018 son las primeras en las que votaremos por candidatos -aparentemente- ciudadanos, que no representan a ningún partido.

Lo que debería ser un gran logro de la democracia y el activismo social que, a través de una reforma largamente discutida permitía quitarles el monopolio a los partidos del acceso al poder, para que ciudadanos probos y ejemplares puedan llegar a los cargos de elección popular sin tener que representar las siglas de un órgano político, se ha demostrado una simulación más de las tantas que el país ha vivido.

Tras un proceso de recolección de firmas, donde cada aspirante debe alcanzar por lo menos el 1% de la lista nominal de votantes, con una representación en al menos 21 entidades del país, los únicos candidatos en lograr el número mínimo de firmas lo hicieron con simulaciones, fotocopias o de plano documentos no válidos.

Durante varios meses los aspirantes criticaron el proceso de recolección de las firmas. Aparentemente la aplicación tecnológica debe ser mejorada si se busca una contienda
justa y transparente.

Se debió tener un mayor control de las acciones de sus auxiliares, creando filtros que hiciesen más responsables a los candidatos, minimizando los errores, con el fin de mandar un mensaje de legitimidad y no sólo de legalidad de su candidatura.

Un caso del que se debe aprender es el de la aspirante María de Jesús Patricio Martínez, quien presentó 94.5% de firmas validas, lamentablemente insuficientes para que estuviese en la boleta electoral.

Los dos candidatos independientes que sí estarán en la boleta son Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón, aun cuando a Margarita Zavala casi el 45% de las firmas le fueron invalidadas y en el caso de Jaime Rodríguez más del 58%.

Es importante aclarar que inválido no es necesariamente falso. Dentro de las firmas consideradas inválidas, se encuentran aquellas donde la fotografía de la credencial del INE/IFE fue inexacta, así como firmas recabadas de fotocopias, criterio que sólo hacia el final del proceso la autoridad electoral aclaró como no válido.

Otro aspecto que se debe reconocer es que los errores (por culpa o por dolo), no necesariamente representan la postura y la instrucción del aspirante; dicho de otra manera, si alguien de la campaña decidió falsear firmas de apoyo, no se puede asumir que lo hizo por instrucción del candidato, aunque eso obligatoriamente se debe investigar y fincar responsabilidades.

No obstante, sí existe una diferencia entre Zavala y Rodríguez: en el caso de Margarita Zavala del total de firmas enviadas al INE por los auxiliares, únicamente 432 de un universo de un millón y medio de firmas, fueron catalogados como simulaciones por la autoridad.

Tras una revisión de éstas, cinco fueron mal clasificadas y dos resultaron ser apoyos válidos. De los 425 registros que sí fueron simulaciones, fueron capturados solamente por cuatro auxiliares el 21 de diciembre entre las 12 del día y las 3 de la tarde.

Todas las credenciales de estos registros tienen como origen los municipios de Ecatepec y Tecámac en el Estado de México, así como de las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco en la Ciudad de México, y con esta información el equipo de Margarita Zavala presentó la denuncia correspondiente ante la FEPADE, contra quien resulte responsable de este delito.

En el caso de Jaime Rodríguez sólo 205 mil 721 fueron fotocopias de firmas mientras que 810 mil 995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal, 150 mil 532 fueron simulaciones de firmas y 23 mil 644 fueron documentos no válidos. Por si esto fuese insuficiente, sobre Rodríguez pesa la acusación de usar los recursos de Nuevo León, comprar o coaccionar a la firma.

Pese a todo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), resolvió en favor de Rodríguez, permitiéndole contender en las próximas elecciones para presidente la República, atendiendo los argumentos en su favor y dejando de lado que la mayor parte de sus firmas son abiertamente falsas.

La opinión pública no debe considerarse como justicia sumaria, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, aunque la reacción casi universal de que Jaime Rodríguez no debe contender porque hizo trampa, se debe investigar con objetividad y en estricto apego a la norma.

Sin embargo, si no es por obligación legal, sí debe ser por dignidad y obligación moral que el señor Jaime Rodríguez Calderón debe renunciar a contender y ser el primero en pedir una investigación para demostrar que ese 50% de firmas falsas, no son imputables a una estrategia de recolección que él instruyó o tan sólo permitió.

El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), se ha reunido con todos los candidatos a la presidencia y sus equipos de campaña para discutir una agenda mínima que desde algunas organizaciones civiles impulsamos en materia de anticorrupción, justicia, seguridad y prevención del delito.

Lo hacemos sin filias ni fobias, convencidos de que esta sociedad civil organizada trabajará de manera objetiva, llegue quien llegue a gobernar el país.

Pese a ello, para una organización que promueve la cultura de la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas, resulta inaceptable sentarse a discutir una agenda de seguridad y justicia con un candidato sobre el cual pesa ese nivel de acusación de vulnerar la democracia.

Definitivamente es reprobable la manera en la que se condujeron los cuatro magistrados del Trife que resolvieron en favor del señor Rodríguez, observable la manera en que el PRI se ha manifestado sobre el tema, sin que esto haga menos grave la actuación del propio candidato.

No olvidemos que Jaime Rodríguez Calderón fue el primer gobernador del país elegido como candidato “independiente” (a pesar de tener en sus espaldas décadas de militancia priista); que construyó su campaña estatal distanciándose de la corrupción de su antecesor (el gobernador priista Rodrigo Medina) y que afirmó no sería un chapulín más.

Y precisamente en otro ejercicio de simulación, llamó a una consulta popular para saber si el pueblo de Nuevo León le permitiría competir, y “como la raza habló”, Rodríguez dio el chapulinazo.

Indudablemente México vive un problema de debilidad institucional, los mexicanos confiamos poco en nuestras instituciones y en la democracia, es por eso por lo que en el ONC nos parece sumamente preocupante esta candidatura.

Definitivamente se debe reconocer que las condiciones para que un ciudadano pueda competir como candidato independiente, distan mucho de ser justas. Debe replantearse el proceso si se busca un piso más parejo para que alguien pueda competir por un cargo de elección popular en total independencia y con estricto apego a la ley. Indudablemente urge sancionar lo ilegal en el proceso y se deben deslindar responsabilidades a través de las instituciones encargadas.

Requerimos independencia de los árbitros electorales, mismos que – particularmente en el caso de los magistrados del Trife– , parecen obedecer a los designios de alguien. Sobre todo, necesitamos que quien decida competir por un cargo público lo haga por el interés del bien público, por encima del particular.

Por eso lo decimos con todas las letras, en el ONC no nos sentaremos con el candidato Jaime Rodríguez Calderón, porque su candidatura representa todo lo que no funciona en el país: fomentar la impunidad y promover la ilegalidad.

 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

 

Por la Redacción, 

con información de ElUniversal.

 

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