Violencia contra las mujeres dentro de la política: más vigente que nunca

La mujeres han luchado por el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, desde hace mucho tiempo. Esta lucha ha alcanzado conquistas que hace no tantos años eran inimaginables. Pero aún falta mucho por avanzar.

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En el sector público, ya podemos hablar de jefas de Estado y de gobierno; gabinetes y parlamentos paritarios, juezas, presidentas municipales étc., pero pese al avance, la lucha de las mujeres continua, no sólo para llegar a los puestos o sueldos igualitarios, tambien para evitar acciones como el acoso sexual dentro de sus lugares de trabajo.

Los pasados 30 y 31 de julio en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se llevó a cabo un foro sobre acoso sexual en el espacio de trabajo. Dicha agencia internacional considera al acoso como una forma y expresión de la inequidad de género y no sólo trabaja en su prevención e investigación, sino también en definir mejores mecanismos para la protección y el apoyo a las víctimas.

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El acceso a la justicia para la atención de casos de acoso aún es una asignatura pendiente sobre la cual ya se trabaja en distintas agencias internacionales, como la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), los departamentos de género del National Democratic Institute (NDI), The International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres.

El próximo 5 de octubre la relatora especial de las Naciones Unidas para la Violencia en contra de las Mujeres, presentará un reporte especial ante la Asamblea General, exclusivamente sobre violencia contra mujeres en la política.

En México, existen al menos 13 iniciativas sobre violencia política de género en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la primera de noviembre de 2012 y la última de agosto de 2016, pero hasta el día de hoy no hay ninguna ley aprobada. Aunque esto no significa que las autoridades no tengan obligación de responder a este tema ni herramientas jurídicas para hacerlo.

La política no se resuelve únicamente desde el ámbito penal. La violencia política de género implica cuestiones estructurales y creencias profundamente arraigadas que no se eliminan metiendo a personas a la cárcel.

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La violencia política genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa y civil; incluso en algunos casos podría hablarse de responsabilidad internacional.

Se debe contar con protocolos para prevenir y atender la violencia política, integrar una base de datos georreferenciada y elaborar un diagnóstico de los casos documentados, capacitar y actualizar al personal de las instituciones con competencia en temas electorales y de violencia, garantizar que los órganos jurisdiccionales y administrativos guíen su actuación con enfoque de género e interculturalidad, incentivar el litigio estratégico para casos de violencia política contra las mujeres, diseñar una campaña de sensibilización permanente sobre la presencia de las mujeres en la política, reconocer y fortalecer a las redes de apoyo, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia a las defensoras y los defensores que trabajan en temas de violencia política contra las mujeres.

La violencia política en razón de género está en el centro del debate. Los organismos internacionales promueven eventos y esquemas para introducirla en las leyes de los países de la región; las académicas debaten sobre el concepto y su alcance; los medios de comunicación reportan los casos; las redes, defensoras y activistas apoyan a las mujeres que llegan con sus historias y las orientan para que acudan a las fiscalías y a los tribunales.

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Movimientos como #MeToo y #NotTheCost han sido muy eficaces para difundir a nivel global y llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres.

Movimientos como #MeToo y #NotTheCost han sido muy eficaces para difundir a nivel global y llamar la atención sobre este tipo de prácticas que las sociedades no debemos tolerar. Las denuncias se extendieron, del mundo artístico al periodismo, al parlamentario y al ámbito político, tanto de candidatas como de funcionarias en el ejercicio de la función pública y a otros sectores.

Pero, el acceso a la justicia para la atención de estos casos es algo aún pendiente en nuestro sistema.

 

 

Por la Redacción,

con información de Periodista.

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