Los Abarca podrían quedar en libertad por tortura

Ya no es novedad que varios de los casos judiciales que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto han terminado por resolverse a favor de los inculpados, dejando una estela de dudas e indignación en torno al sistema de justicia penal del país.

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Ahora llega el turno del matrimonio Abarca quienes podrían quedar en libertad luego de la resolución judicial que señala que las confesiones que llevaron a la detención y captura del matrimonio, acusado de dar órdenes de la detención de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, habrían sido obtenidas por medio de tortura.

El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió el pasado 4 de junio, que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos (Marco Antonio Ríos Berber, alias ‘El Cuasi’ o ‘La Pompi’; Martín Alejandro Macedo Barrera, ‘El Becerro’; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, ‘El Patachín’, y Luis Alberto José Gaspar, ‘El Tongo’), mismas que dieron sustento a ‘la verdad histórica’ del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas.

De acuerdo con Murillo Karam y su verdad histórica de los hechos, la noche en que desaparecieron los normalistas éstos se encontraban en Iguala para ‘botear’ y conseguir dinero para la manifestación del 2 de octubre.

Según Jesús Murillo, los cuatro detenidos declararon que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra el grupo de estudiantes con el fin de impedir el sabotaje al informe de actividades que ese día rendía su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF municipal, pues en julio de 2013 los normalistas ‘ya habían atacado la Presidencia Municipal’.

La resolución también mandata la formación y operación de la Comisión de la Verdad, que facultará a los familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intervenir en la investigación que deberá de llevar a cabo un nuevo Ministerio Público al reponer el proceso.

Por otro lado, se ordena al presidente Enrique Peña Nieto destinar recursos y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones cometidas durante la investigación.

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto logró que el titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, el magistrado Sabino Pérez García, lo declarara el fallo como improcedente.

El caso está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

De la Redacción.

Con información de Proceso.

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