Todo lo que tienes que saber de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes 5 de noviembre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos la cual tiene como objetivo regular los salarios que reciben los servidores públicos, incluidos los que están dotados de autonomía constitucional.

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Además, esta nueva ley federal también menciona que las pensiones otorgadas a ex presidentes no serán otorgadas si no se encuentran asignadas por ley.

En agosto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anunció que su sueldo sería de 108 mil pesos mensuales, por lo que ningún funcionario podría ganar una cantidad superior a la establecida.

En esta ley, que de acuerdo con el DOF entrará en vigor al día siguiente de su publicación, se menciona que las remuneraciones tienen que estar sujetas a los siguientes principios:

  • Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo.
  • Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes.
  • Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto.
  • Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes.
  • Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
  • Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente.
  • Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Las remuneraciones son las percepciones en efectivo o en especia e incluyen: dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

La ley da una definición amplia de “ingreso o percepción”, en el que se incluye cualquier dieta, aguinaldo, gratificación, premio, recompensa, estímulo, compensación, bono, etcétera. Ese gran total (del cual se tendrá que desglosar el ingreso bruto, el monto retenido de impuestos y el total neto) es el que se debe medir frente al ingreso máximo autorizado, que será el del Presidente de la República.

La excepción a ese tope salarial se puede producir, según la misma ley, si una persona
acumula más de un ingreso, por estar percibiendo una jubilación o haber de retiro y sumar un sueldo por el desempeño de alguna actividad laboral en el gobierno federal. En ese caso se deberá contar con un dictamen de compatibilidad laboral, aplicable tanto a puestos federales como locales (es decir, puestos en los estados o municipios).
Un principio de la remuneración es el de “anualidad”, de forma tal que aunque la ley está formalmente en vigor, lo más probable es que se aplique a cabalidad a partir del próximo 1 de enero de 2019, puesto que los sueldos y salarios de 2018 ya están previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, o en los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo de las dependencias federales.

Un aspecto específico de la ley es que quita toda jubilación de funcionarios públicos que no tenga fundamento en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, determinado por contrato colectivo o establecido en las mencionadas condiciones generales de trabajo. Eso afecta a todos los ex presidentes de la República, cuyas pensiones estaban basadas en un decreto expedido por el propio titular del Poder Ejecutivo. Los ex presidentes (o sus viudas) se quedarán dentro de muy poco tiempo sin percibir sus prestaciones jubilatorias (algunos de ellos ya habían renunciado expresamente a ellas, como es el caso de Ernesto Zedillo).

Pase lo que pase, lo cierto es que a partir de dicha escala salarial, el servicio público se volverá menos atractivo (desde el punto de vista salarial) para muchas personas que en el sector privado podrán tener mejores ingresos. La austeridad gubernamental es una excelente idea y debe ser aplicada con rigor, pero también tiene sus desventajas. Hay que ponderarlas y, en su caso, llevarlas ante los tribunales nacionales o internacionales para ver si es correcta jurídicamente.

 

 

Por la Redacción.

Con información de W y El Universal.

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