¿Qué es el Fuero a los presidentes?

El próximo presidente de México planea someter a consulta ciudadana, eso sí, ya avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la decisión de mandar a enjuiciar a los ex presidentes, ‘de arriba hacia abajo’.

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“Va a depender de lo que digan los mexicanos. Va a depender de la presión interna. Para castigar a los responsables de la tragedia nacional de la crisis de México tendríamos que empezar con los de arriba, desde que inició esta política, los de arriba, no chivos expiatorios como ha venido sucediendo”.

Para que la consulta de AMLO, independientemente de cómo resulte, tenga un verdadero poder, primero, se debería cumplir una de sus promesas de campaña ‘eliminar el fuero’, pero…

¿Qué es el fuero?

El fuero fue planteado en la Constitución de 1917 como un derecho conferido a los legisladores para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento derivadas de sus dichos, y con el propósito de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.

Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en una prerrogativa con la que el presidente, los senadores, diputados y otros servidores públicos no solo quedan protegidos de posibles represalias por sus opiniones, sino que quedan eximidos de quedar detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes.

Hasta el momento, los desacuerdos entre los partidos han impedido que salga adelante la reforma para eliminar el fuero para los altos funcionarios, incluido el presidente.

Al inicio del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, otra reforma empezó a avanzar en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero, pero el asunto se quedó entrampado en el Senado porque el PAN y el PRD exigían incluir al presidente en la modificación, a lo que el PRI se opuso.

¿Qué significaría eliminar el fuero?

Significaría que los servidores públicos sin fuero, puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dictará sentencia condenatoria, ese mismo juez notificaría a la Cámara de Diputados que el servidor público habría perdido su inmunidad y el cargo.

Esto se aplicaría a los gobernadores, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de Justicia por la comisión de delitos federales, sin que fuera necesario que los congresos de las entidades se pronunciaran al respecto.

En cuanto al presidente, este podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso, debido a que sería necesario cerrar el camino para impedir un golpe de estado mediante la vía judicial.

 

 

Por la Redacción.

Con información de Agencias.

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