¿Por qué una Comisión de la verdad?

México en la última década ha experimentado una gran ola de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Como resultado de estos conflictos, entre 2007 y el primer cuatrimestre de 2018 más de 130,000 personas han sido asesinadas en conflictos relacionados al crimen organizado; 33,125 personas se encuentran desaparecidas; cientos de cuerpos han sido encontrados en más de 1,075 fosas clandestinas; al menos 329,917 personas han sido desplazadas; miles de personas han sido victimadas en masacres colectivas; 89 periodistas han sido asesinados; cientos de alcaldes, políticos locales y decenas de líderes religiosos han sido ultimados.

Dichas atrocidades y múltiples formas de violencia se cometen por los miembros del crimen organizado o ya sea bien por agentes institucionales estatales, unas veces confrontados, otras veces coludidos. Y en medio de toda esta violencia no se ha tomado en cuenta a la víctimas, se les ha desplazado como centro de reparación y justicia, ya que cuando las víctimas acuden a las autoridades públicas para denunciar las violaciones, lo que encuentren es un laberinto burocrático, por ineficacia de las autoridades o por colusión con los perpetradores de la violencia, provocando que las investigaciones se pierdan, la justicia se esfume y las violaciones de derechos humanos se mantengan impunes.

Al negar la masividad de la violencia y obstaculizar la justicia sobre las graves violaciones de derechos humanos, el Estado atenta contra la dignidad de las víctimas, silencia a la sociedad y alimenta la impunidad que se ha convertido en una de las principales causas de la grave crisis de derechos humanos que aqueja al país.

Por ello, se ha insistido mucho en la justicia transaccional, como modelo de justicia que se ha implementado en otros países como Argentina, Chile, Guatemala; y estos procesos de justicia transaccional generalmente tienen como finalidad la búsqueda de verdad y ésta se utiliza como insumo para la justicia, ya sea entendida como el castigo penal a los perpetradores, el perdón y la reconciliación, la reparación de los daños, o la reforma de las instituciones para garantizar la no repetición.

México necesita urgentemente un proceso de verdad y de memoria, a través de la justicia transaccional, que se centre en la experiencia de las víctimas y de sus familiares, que se constituya como un mecanismo que aporte las bases fácticas para establecer la responsabilidad del Estado y de grupos armados ilegales, para así reforzar la construcción de la paz y la justicia con el objetivo de dignificar a las víctimas.

La creación de una Comisión de la verdad y la memoria histórica sería de mucho provecho en México para el respeto y garantía de los derechos humanos, para llevar a cabo un proceso integral de reparación de daños para las víctimas y sus familiares; y también sería un detonante y un complemento para la activación de otros mecanismos de justicia. El principal mandato de esta comisión sería visibilizar a las víctimas e identificar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y en su caso de crímenes de lesa humanidad – incluidos desaparición, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual – además de dar cuenta de los patrones, métodos y causas de la violencia.

El mandato de la Comisión de la verdad y la memoria histórica se enfocaría en esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, del 1 de diciembre de 2006, cuando se declaró la guerra en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando concluyó la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Como ya se ha señalado, las víctimas y sus familiares serán el centro de este modelo, teniendo un papel protagónico para la narrativa y la construcción de la verdad. La Comisión de la verdad tendrá además un acercamiento crucial con las organizaciones de la sociedad civil para brindar acompañamiento social, psicológico y emocional a las victimas durante la búsqueda de verdad y para la reconstrucción de largo plazo de la memoria y de la vida social en las comunidades.

Desde luego también, la comisión de la verdad estará conformada por personas expertas en materia de derechos humanos, con cercanía a víctimas, sin afiliaciones políticas y con gran confianza pública probada. Será un organismo descentralizado, que parta de las realidades locales para entender fenómenos globales y su funcionamiento será temporal. El trabajo de dicha comisión se besará bajo un enfoque internacionalizar que guíe la búsqueda de verdad a partir de criterios de género, edad, raza y etnicidad y sectores sociales.

De igual manera se analizará también la violencia generada hacia grupos de profesionistas que son blancos de ataques por su actividad cotidiana, por ejemplo activistas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, alcaldes, autoridades locales y candidatos políticos locales y personal religioso, y que además se deberá de contar con protocolos de seguridad para la protección de víctimas y de diferentes actores.

Cabe mencionar que en México ya se han constituido Comisiones de la verdad, en los estados de Guerrero (para esclarecer graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de la violencia política de los años setenta) y  Oaxaca (para esclarecer violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la enorme movilización magisterial y social), por lo que la creación de una Comisión de la verdad nacional permitiría entender los patrones de graves violaciones de nivel local a nivel regional y a su vez a nivel nacional.

Sin verdad, es difícil pensar en justicia. En ausencia de verdad los procesos judiciales son limitados dejando a un lado a las víctimas. Sin verdad, las violaciones a derechos humanos seguirán y México seguirá en la impunidad.  Sin verdad, las violaciones a derechos humanos quedarán inexplicables e inexplicadas. Sin verdad, la reconciliación puede ser una quimera porque no se conoce a quién se perdona y por qué.

Para lograr este objetivo se necesitará de mucha voluntad, mucho acompañamiento, mucho gobierno, mucha sociedad civil, mucha presión internacional, y sobre todo, mucha comunidad en general.

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato.

facebook Max Santiago Ibarra

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