Control de convencionalidad y derechos humanos: Del Estado Constitucional al Convencional de Derecho

El origen del término “control de convencionalidad” tiene sus orígenes que datan del año 1975 cuando es utilizado por primera vez por el Consejo Constitucional de Francia, y en Italia también cuando la Corte constitucional reconoció que el juez nacional tenía la obligación de aplicar el derecho comunitario e in aplicar cualquier disposición contraria de la legislación local.

Dicho concepto ha sido definido de distintas maneras por juristas nacionales y extranjeros, a saber por ejemplo: el jurista italiano Mauro Capelletti lo define como un “control de legitimidad constitucional”; el jurista argentino Juan Carlos Hitters lo define como un “control de constitucionalidad trasnacional”; el jurista español Carlos Ruiz Miguel lo define como un “control de convencionalidad y jurisdicción supra constitucional”; el jurista mexicano Héctor Fix Zamudio lo define como una “jurisdicción constitucional internacional”; y por último, la jurista española Ana Salado Osuna lo define como un “control de compatibilidad”.

En el continente americano, el control de convencionalidad tiene su origen en el importante voto concurrente emitido por el destacado jurista mexicano Sergio García Ramírez en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. En el párrafo 27 de su voto, García Ramírez sostiene que:

“Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio —sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto— y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del «control de convencionalidad» que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional”.

A lo largo de su desarrollo jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha  ido determinando el contenido y los alcances del control de convencionalidad, que se pueden resumir en 4 etapas: En la primera etapa la Corte refiere que el sujeto que debe llevar a cabo el control de convencionalidad es el “Poder Judicial” (caso Almonacid Arellano); en un segundo momento la Corte señala a “Órganos del Poder Judicial” (caso Trabajadores Cesados del Congreso); en un tercer desarrollo ya se habla de “Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles” (caso Cabrera García y Montiel Flores); y en una última cuarta etapa se establece que el control de convencionalidad debe realizarlo obligatoriamente “cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicial” (caso Gelman contra Uruguay).

Luego entonces, el control de convencionalidad consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales y las normas internacionales de derechos humanos, así como su jurisprudencia internacional. Con relación a lo anterior, es importante mencionar también la cláusula de interpretación conforme establecida en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que resulta obligatoria seguir para todas las autoridades del Estado Mexicano en todos aquellos casos que involucren normas de derechos humanos.

La expresión tratados internacionales contenida en dicha cláusula comprende la connotación “amplia” del término que le otorga, es decir, que debe comprender también la interpretación que establezcan los órganos que el propio tratado autoriza para su interpretación (órganos de supervisión, cumplimiento e interpretación, tales como comités, comisiones, tribunales, etc.); desde luego también los órganos jurisdiccionales cuya misión es la aplicación e interpretación del tratado, como por ejemplo la Corte IDH, que “tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones” del Pacto de San José. Por ello, cobra relevancia recordar que toda la jurisprudencia interamericana es de observancia obligatoria para el Estado Mexicano.

Todo este innovador sistema de control de regularidad constitucional y convencional se ajusta a la afirmación de Sergio García Ramírez, en el sentido de que estamos ante un nuevo “ius commune latinoamericano”, pues pasamos de un modelo de control de constitucionalidad que podríamos llamar semiconcentrado (en el que participaban varios jueces/as, a nivel federal), a un modelo de mayor complejidad en el que se suma el control de convencionalidad y se amplía hacia la totalidad de jueces/as. Lo que tenemos, en consecuencia, es un sistema difuso de control de convencionalidad y es evidencia también del inicio de un tránsito desde un Estado Constitucional de Derecho hacia un Estado más complejo y al mismo tiempo más garantista y protector al incorporar el progresista y fecundo bagaje del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que podríamos llamar un Estado Convencional de Derecho.

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato.

facebook Max Santiago Ibarra

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