Violencia ambiental: pendiente.

En México, se dan diversos tipos de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos ambientales, situación que cada vez cobra más relevancia; y se hace visible principalmente en lugares en donde predominan grandes industrias e intereses económicos.

Situación que se agrava a medida que aumenta la demanda mundial de recursos naturales, y en este escenario el medio ambiente es la disputa y el nuevo frente en el que activistas, comunidades, pueblos, abogados y demás profesionistas alzan su voz para evitar daños al entorno, defendiendo el uso de la tierra, proponiendo alternativas a la devastación, por medios de desarrollo más sostenibles

Sin embargo la labor de defensa de los derechos humanos se ve obstaculizada en mayor medida por las constantes amenazas, el número de asesinatos y casos de violencia, tornándose en un problema de gran magnitud, por los riesgos a los que se enfrentan los defensores de los derechos ambientales,  sus objetivos están condenados en muchas ocasiones al fracaso, ya que las personas y los grupos que ocupan la primera línea de defensa del desarrollo sostenible, no tienen protección a nivel nacional, e internacional y se encuentran en peligro constante.

La corrupción y la impunidad, son factores que propician las agresiones a los defensores del medio ambiente, esto incrementa los conflictos socio-ambientales, por los intereses económicos implicados, otra causa de estos conflictos es la falta de proporción del poder entre los estados, las empresas y los defensores.

Lo cual, se refleja en un desequilibrio en la toma de decisiones, en las que se determina la conveniencia de un proyecto, hasta su elaboración y posterior ejecución, los Estados generan amplias facilidades para la realización de megaproyectos de desarrollo sin tomar en cuenta los intereses y los derechos a la participación e información de las personas en comunidades rurales e indígenas, violentando su derecho al desarrollo propio conforme a sus intereses y necesidades, causando conflictos socio ambientales, que derivan en actos de violencia hacia las personas que se oponen derivando en graves violaciones de garantías privándolos de un medio ambiente sano en relación con otros derechos económicos, sociales y culturales.

Además de que los ataques y las agresiones no son investigadas ni sancionadas, en ocasiones los defensores son criminalizados, son víctimas de represalias, tortura, desaparición forzada, el uso indebido de la fuerza pública, amagados por autoridades, por líderes indígenas y en la muchos casos son privados de la vida. Por la complejidad e intereses en los que se originan los conflictos socio-ambientales hacen que se encuentre constantemente vulnerabilidad

En México, el panorama al respecto se complica al no existir mecanismos efectivos que garanticen la información, participación y acceso a la justicia de las personas afectadas por los megaproyectos que pretenden desarrollarse en sus comunidades, ni mecanismos efectivos de evaluación de los impactos ambientales, sociales y culturales de los proyectos, ocasionando así múltiples violaciones a los derechos humanos.

En días recientes, se dio a conocer el asesinato de dos protectores insectos en Michoacán, el primero fue Raúl Hernández Romero, un guía de turistas en la biosfera de la mariposa monarca, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia. Su muerte se sumó al homicidio de Homero Gómez González, reconocido protector del santuario fue que también fue encontrado sin vida.

Nora López bióloga y ecologista mexicana, responsable del proyecto de reproducción de la guacamaya roja.

José Luis Álvarez Flores, ecologista, defensor del santuario del mono saraguato de Tabasco.

14 defensores medioambientales, de los cuales once eran indígenas, según la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, y así una lista de nombres que quedan en el olvido.

La ola de violencia está inclinada hacia las comunidades indígenas, que son las que habitan y protegen el 50% del territorio mexicano y sus recursos.

La pérdida de los activistas ambientales revela el aumento en la explotación de las áreas verdes, la perdida de la biodiversidad más importante del país, y el gran vacío de seguridad en las comunidades indígenas de las montañas y selvas y lugares remotos.

Hoy más que nunca, se hace necesario alinear un marco legal, que aunado a políticas públicas desarrollen una legislación ambiental, bajo un enfoque de protección a los derechos humanos, perspectiva de género, principios multiculturales, respetando los derechos de la autonomía, al territorio, al desarrollo propio de las comunidades indígenas, frente a los planes desarrollo, garantizando el consentimiento previo e informando y su participación en los  proyectos que afecten su modo de vida, ya de estas desigualdades surgen los defensores ambientales, que se atreven a levantar la voz y  quedan expuestos a innumerables violaciones a sus derechos fundamentales, por tanto se les debe otorgar certeza jurídica y la protección del estado, para garantizar su seguridad en el pleno ejercicio de sus

Por esta razón hoy quisimos hacer un homenaje a todos y todas a cada uno de ellos, de los que no se mencionan y de los que no, para hacer visible su valentía, por defender sus ideales, encaminados a tener un país mejor.

“En un país como México, donde casi todo el territorio tiene dueño, se tiene que cooperar con la gente porque será ésta la que va a cuidar los recursos naturales”, Guadalupe del Río, de 60 años bióloga, fundadora en 1998 de la organización Alternare.

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Fernando Rubio Quiroz.

Consultor político especialista en temas ambientales.

twitterbird_rgb@FernandoRubioQ_

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