Los cabos sueltos de Felipe Calderón

Actualmente se encuentra en integración un expediente, a fin de requerir una autoridad jurisdiccional, pueda analizar y pronunciarse sobre la existencia de delitos, en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Quien enfrentó al crimen organizado sin una estrategia contundente, lo que derivó en la pérdida de miles de vidas, en la desaparición forzada y la violación de derechos humanos de muchas más.

Haremos un breve recuento, durante el Juicio del Siglo en contra de Joaquín Guzmán Loera, Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, entregó tres millones de dólares al Gobierno federal, durante el mandato del  ex presidente de Vicente Fox Quezada, por medio de su entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, asegurando que los sobornos continuaron en el  gobierno de Felipe Calderón.

Mediante carta enviada al periódico Reforma en 2012, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien fuera mando de sicarios del Cártel de Sinaloa, bajo órdenes de los Hermanos Beltrán Leyva y  El Chapo Guzmán, detenido en 2010 en la CDMX y extraditado a Estados Unidos, donde cumple condena, acusó a Felipe Calderón y su entonces Secretario de Seguridad Publica Genaro García Luna, de querer usarlo como intermediario en un trato con los principales líderes, de tener vínculos y recibir dinero del narcotráfico.

Otro líder de cartel que señalo a García Luna, para reducir su condena, fue Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, detenido 2010 en Puebla por elementos de la Marina y extraditado a los Estados Unidos en su calidad de testigo protegido, confeso que este y Luis Cárdenas Palomino, Coordinador de la División de Seguridad Regional que colaboraban para el Cártel de Sinaloa. Al parecer fue puesto en libertad el año pasado,

Aunado a lo anterior, Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, quien testigo en contra de “El Chapo” Guzmán detallo la manera en que operaba la Policía Federal.

En el libro llamado el “El Traidor”, “El Vicentillo” relata que era del conocimiento de Calderón,  que García Luna recibió sobornos cuantiosos del Cártel de Sinaloa y como convirtió a policías federales en gatilleros a las órdenes del  “El Chapo” y “El Mayo”, los cuales comenzaron a comprarle droga, convirtiéndose en narcotraficantes.

La acusación más relevante en contra del Expresidente Calderón es la del operativo “Rápido y Furioso”, que aconteció entre los años de 2006 a 2011, en este agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujeron a México más de 2,500 armas de alto poder con chip, que llegarían a manos del crimen organizado, a fin de  posteriormente poder rastrearlas e identificar a los presuntos responsables del tráfico de armas.

El hallazgo de dos rifles de asalto, comparados por una persona ahora interna y que fueran Utilizados en el tiroteo donde fue asesinado un agente de la Patrulla Fronteriza, cerca de la línea entre Arizona y México en 2010, fue el detonante, sin embargo el Gobierno de Felipe Calderón negó conocer de este operativo, sin embargo se presume que no fue así y que hay documentos oficiales de este y otros delitos relacionados con armas ocurridos bajo su gestión.

Documentales, que comprobarían que Eduardo Medina Mora, quien en 2007 fungía como Procurador, presuntamente coordino y autorizo el trasiego de armas de alto poder, poniendo como ejemplo las utilizadas en 2010, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 10 estudiantes.

Dolía Estévez, Periodista en Washington D.C. señalo un memorándum que es parte del reporte final de “Rápido y Furioso” que se llama “La anatomía de un operativo fallido”, publicado por el Congreso de Estados Unidos en julio de 2012, después de cinco años de una reunión, realizada en la ciudad de Washington entre el Fiscal General de Estados Unidos Michael Mukasey y  Eduardo Medina, destacando una cita que dice que la ATF ha trabajado conjuntamente con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes”.

En seguimiento al caso, hace unos días exactamente 11 de mayo luego de la publicación de los documentos dados a conocer por la periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, anunció el envío de una nota diplomática al gobierno norteamericano, lo cual se ordenó inmediatamente y fue entregada en la embajada de Estados Unidos.

Dicha encomienda está a cargo del Canciller Marcelo Ebrard, quien manifestó que la misma es para requerir información sobre el operativo Rápido y Furioso, ya que si “como apunta la evidencia” el gobierno mexicano -en ese entonces a cargo de Felipe Calderón- participó, habría incurrido en graves violaciones a la Constitución. Si las autoridades estadounidenses actuaron sin autorización en territorio mexicano, habrían violado la soberanía nacional. Dicha información se agregaría  a la que tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

La periodista mexicana, Lydia Cacho, en su cuenta de Twitter el dia 12 de mayo de 2020, público lo siguiente:

Adjuntando un documento nombrado “Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas”  a grandes rasgos dice que “el gobierno estadounidense estimaba que el 90% de las armas que encontraban en escenas del crimen en México provenían de su país, que “los cárteles pueden obtener las amas de personas legalmente acreditadas para obtenerlas o en exhibiciones de armas en estados fronterizos y las venden a contrabandistas que las cruzan por la frontera” y que  “México presentó más de 7,500 armas recuperadas para su rastreo, lo que demuestra que la mayoría se originó en Texas, Arizona y California”, informa el documento. Además, expone que la ATF contó con un fondo de 4.5 millones para realizar operaciones en México.

Iniciando el análisis en caso de que el gobierno norteamericano envié la información y pruebas solicitadas, se estaría en posibilidad de iniciar una investigación formal en contra del expresidente, Felipe Calderón.

El Presidente de la República, manifestó que iniciaría un juicio en su contra, únicamente en México, pero solo si el pueblo así lo demanda, mediante una consulta pública.

A esto, Calderón mediante su cuenta de Twitter, escribió a López Obrador  “la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y leyes.

“Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

Finalmente aunque en Estado Unidos, se esté llevando a cabo una investigación en contra de Genaro García Luna, quien ya se encuentra detenido y es juzgado, aun no se tienen los elementos contundentes, el nexo que involucre al expresidente.

Por otro lado, Calderón Hinojosa, es el político que más firmas tiene en la plataforma Change.org, solicitando, lo lleven a juicio.

Sin embargo, pese de los múltiples señalamientos en su contra, aún tiene aspiraciones políticas a través de su organización “México Libre”, la cual busca sea nuevo partido político.

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Fernando Rubio Quiroz.

Consultor político especialista en temas ambientales.

twitterbird_rgb@FernandoRubioQ_

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