Reformas a la ley de educación del Estado de Puebla ¿por qué?

Tal pareciera que miembros partidarios de los grupos legislativos que hacen mayoría, a través de los congresos locales y gobernadores, se están aprovechando, de la crisis sanitaria y económica que enfrentamos, ya que, de forma, por demás irresponsable, están presentando iniciativas absurdas e inconstitucionales. ¡El problema radica en que al ser mayoría en los congresos locales y federal, “pueden” aprobar dichas reformas o iniciativas.

En nuestro artículo anterior decíamos que toda Constitución es susceptible de infringirse, por un sinfín de actos de diversas autoridades, situación que ella misma prevé, estableciendo los medios jurídicos para impedir o resarcir las violaciones que las autoridades, pueden cometer cotidianamente en el ejercicio de sus funciones.

En está ocasión toca el turno al Congreso del Estado de Puebla, quienes aprobaron reformas a la ley General de Educación del estado, en un fallido intento, por homologarla con la Ley Federal, fue esta semana que el Gobernador Miguel Barbosa defendió las reformas a la Ley local, mismas que encendieron la mecha entre las 3400 escuelas privadas del estado, y que nos hace reflexionar y preguntarnos, porqué o para qué modificar dicha ley de la manera en que lo hicieron, y nos referimos a la “amañada” redacción de la reforma.

¿En qué consistieron dichas reformas? El punto que principalmente llamo la atención fue el considerar los bienes muebles e inmuebles, de las escuelas privadas como parte del sistema educativo estatal, presentamos los puntos a considerar de dicha reforma:

Bienes Muebles e Inmuebles de particulares serán parte del Sistema Estatal de Educación 

En su artículo 105 reformado, la Ley establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares “formarán parte del sistema educativo estatal” lo que se puede traducir o interpretar en, pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, en dicho sistema se encuentran las escuelas públicas de la entidad propiedad del Estado.

“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”

Los muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley, tales como lo son calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene

Lo que de inmediato brinco a los propietarios de las escuelas privadas, fue que sus bienes, inmuebles y muebles, formaran parte del sistema educativo estatal. No olvidemos que en México existe la propiedad privada, protegida también por la constitución Federal, amparada por títulos de propiedad, los cuales son documentos expedidos por el Estado Mexicano, a través de un fedatario público.

En este orden de ideas, si alguien decide destinar su propiedad para invertir en la educación, como modelo de negocio, ese inmueble sigue siendo de la persona física  o moral, que si bien es cierto, para que su inmueble funcione como escuela, debe cumplir con los lineamientos que la SEP exige, no obstante, ese el inmueble sigue siendo propiedad privada y NO PUEDE PASAR A FORMAR PARTE del sistema educativo estatal, toda vez que se estaría privando de su propiedad a un gobernado (persona física o moral), y la única manera de hacer esto, es por medio de un decreto de expropiación, previsto también en la Constitución Federal.  De ahí lo especialmente delicado de dicha reforma, ya que, en un acto de totalitarismo, y en un momento poco oportuno, pareciera que el gobierno poblano intenta apropiarse de la educación privada y de los bienes de ésta. Ya que su reforma, por demás con una redacción amañada, nos deja vislumbrar cierta intención estatal de tener total injerencia en la educación privada.

Era de esperarse las reacciones por parte de las escuelas privadas, primero por ver en riesgo su patrimonio y sus derechos, y por el otro lado, ver en riesgo el derecho a que los padres de familia y tutores, puedan elegir libremente, la educación que quieren que sus hijos o pupilos reciban, en base a un desarrollo de la personalidad y proyecto de vida,  toda vez que, al formar parte del sistema educativo, les serán impuestos los programas de estudios, por lo que no habrá una diferencia entra la educación pública y privada. Esto en teoría no suena nada mal, lo malo es la deficiencia del sistema educativo nacional. Para muestra un botón, los hijos de casi todos los funcionarios públicos de primer nivel, acuden a escuelas particulares, ¿Será porque no confían en el sistema educativo público?

 Cabe citar, que las escuelas particulares para poder impartir la educación y tener la concesión de funcionamiento, cumplen TOTALMENTE con el programa de la SEP, el plus de las escuelas particulares radica en los idiomas, las horas que llevan dichos idiomas, así como materias extras al programa de la SEP, mismos que varían entre dichas instituciones privadas, lo que hace que sus egresados cuenten con más herramientas y salgan mejor preparados. Por otro lado, la educación impartida por el Estado, es totalmente laica; existen escuelas que imparten sus clases afines a determinadas religiones o credos, y al pasar a formar parte del sistema estatal de educación, tendrían que ser laicas, lo cual viola el derecho de los padres a la elección del tipo de educación que quieren para sus hijos o pupilos.

Esto demuestra la poca preparación y conocimiento básico, de nuestra Constitución por gran parte, de nuestros legisladores y políticos. No cabe duda que hasta para hacer una reforma a la ley hay que saber redactar y hay que tener bien definidos los conceptos para expresar de forma adecuada los que se quiere decir. Afortunadamente existen los medios legales para impugnar dichas reformas. Pero es irresponsable por parte de la clase política, en estos momentos, donde enfrentamos una crisis sanitaria y económica, lejos de dar certeza jurídica, a propios y extraños, se pongan a generar incertidumbre y a polarizar más a el país. Lo que México necesita es certidumbre, y volverse atractivo a la inversión nacional y extranjera, y con estas metidas de pata, estamos muy lejos de lograr que alguien se anime a invertir en México.

Claro, esto es en mi muy humilde opinión, usted, ¿qué piensa?

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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LD. Laura Quijada Rodríguez.

twitterbird_rgb@laurae_quijada

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