¿Reforma a la Ley de Austeridad?

Mucho se ha hablado de los cambios que la pandemia ha traído para todo el mundo. El COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de todos los gobiernos para enfrentar una crisis sanitaria global. So pretexto de la crisis de esta pandemia, la jefa de Gobierno de la ciudad de México, decidió poner manos a la obra ¿Cómo lo piensa hacer? Muy simple, reformemos la Ley de Austeridad de la Ciudad de México. En qué consiste y para qué, aquí un breve análisis. 

El 22 de junio pasado se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad México las reformas a la Ley de Austeridadtransparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, mediáticamente conocidas como Ley de austeridad o Ley Sheinbaum, mismas que fueron encaminadas a otorgar “facultades” amplias y discrecionales al jefe o jefa de gobierno, para que, en el caso de un desastre natural o una emergencia sanitaria, pueda realizar ajustes al presupuesto de la ciudad, todo ello sin la necesidad de pedir opinión o pasar una propuesta al congreso capitalino, quienes son, los que constitucionalmente hablando, debe de conocer y aprobar los presupuestos para la ciudad.

Los legisladores capitalinos, en un acto de complicidad o de total y plena ignorancia de la constitución, tanto local como federal, aprobaron las modificaciones planteadas por la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consistente en, una adición al artículo 23 bis, y agregaron un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad.  

Dichas reformas a la Ley de Austeridad, se refieren a que la jefatura de gobierno de la ciudad, para el caso de desastres naturales o emergencia sanitaria podrá a través de la Secretaría de Finanzas aplicar medidas de disciplina fiscal, mediante las cuales podrá realizar reducciones, al presupuesto de egresos, que considere necesarias para hacer frente a las posibles crisis ocasionadas por desastres naturales o emergencias sanitarias.  

El articulo 88 de la ley de Austeridad, establecía antes de la reforma, que la Jefatura de gobierno podía modifica, hasta un 10 porciento de forma unilateral, el presupuesto de egresos, para el caso de rebasar el porcentaje antes citado, estaba obligada a tomar opinión al Congreso Capitalino, para que el legislativo se manifestara a favor o en contra de la modificación al presupuesto. Justo en este punto radica el eje central de la reforma, la cual se ha vuelto polémica, ya que rebasa el contra pesos de la división de poderes. 

Al haberse adicionado un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, en la cual ya no es necesario, que la jefatura de gobierno solicite su opinión a la cámara de diputados, para el caso de una emergencia sanitaria o desastres naturales, en cuyos supuestos la jefatura de gobierno, podrá modificar el presupuesto financiero, tanto de dependencias, alcaldías y órganos  desconcentrados,  pero sólo en el ejercicio fiscal en el que se presente y dure la emergencia sanitaria o el desastre natural.

Las recientes reformas aprobadas por el legislativo capitalino a la Ley de Austeridad, son totalmente contrarias a lo ordenado, tanto en la Constitución capitalina, como en Constitución Federal, ya que el gobierno capitalino invade las atribuciones propias del poder legislativo de la ciudad, porque más allá de la posibilidad de que pueda existir la necesidad o no,  de realizar un ajuste al presupuesto ante una contingencia sanitaria, como la que enfrentamos actualmente, o por un desastre natural, como los sismos que ha vivido nuestra ciudad, es muy cuestionable la reforma, ya que el gobierno Federal cuenta con una partida especial para cuando se enfrenta un vento extraordinario, como un desastre natural y es cuando  se aplica el plan DNIII. Lo que sí queda claro, es el hecho que la adición que se realizó al artículo 23 bis de la Ley de austeridad, lo único que buscó fue otorgar esa facultad extraordinaria a la Jefatura de Gobierno para manejar y modificar el presupuesto, sin tener que consultar con NADIE los ajustes presupuestales desde el gobierno central.

En términos legales, la reforma resulta excesiva, ya que la nueva atribución otorgada a la Jefatura de Gobierno, va más allá de los limites establecido en la Constitución capitalina y viola el principio de la división de poderes, ya que es atribución constitucional exclusiva del congreso, el destino del presupuesto.   Existe una iniciativa del Ejecutivo Federal que busca el mismo objetivo, pero en el caso del ejecutivo, busca la reforma a la Constitución Federal, y no a la norma secundaria, como es el caso de la ciudad de México, lo que es muy claro con esta reforma, nos dejan entre ver cuál será el siguiente paso en el Congreso de la Unión, y al tener mayoría legislativa el partido en el poder,  no le costará trabajo conseguir la reforma, tal y como ha ocurrido en la capital del país. 

Afortunadamente, existen principios legales y constitucionales que impiden que se lleven a cabo este tipo de excesos, lo que no deben perder de vista los legisladores de cualquier partido político, es que NINGUN poder está por encima de la Constitución Federal ni de las leyes que de ella emanan, y ninguna ley puede ir en contra de lo que la Constitución Federal ordena. La misma Constitución prevé los medios de defensa, para hacerse respetar ante los excesos que pueden cometer las autoridades, en el ejercicio de sus funciones.

Así pues, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las controversias constitucionales que se hagan valer en contra de dicha reforma, sólo esperamos que la resolución de la Corte sea pronta y expedita, tal y como debiera ser la impartición de justicia en el país. 

 ¡Claro, esta es mi humilde opinión!

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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LD. Laura Quijada Rodríguez.

twitterbird_rgb@laurae_quijada

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