La otra pandemia… la violencia sexual contra niñas

En México una niña de 10 años fue encontrada desnuda en el coche de su agresor Luis Alonso “N” director de recursos humanos de la policía municipal de Jalisco, en Argentina una niña de 6 años fue obligada a practicar sexo oral a su padre, en Colombia una niña de 13 años fue abusada sexualmente por siete soldados del Batallón San Mateo, en Brasil una niña de 10 años violada por su tío resultó embarazada, en Bolivia una niña de 9 años (Esther) fue violada y asesinada, tres hombres fueron detenidos por el crimen, uno fue condenado.

Estos son sólo algunos de los casos en lo que va de 2020 que nos llevan a nombrar una vez más las violencias sistemáticas que se cometen contra las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, una región que cuenta con las tasas más altas de violencia de género del mundo.

Estás múltiples cadenas de violencias de género que se cometen contra las niñas y adolescentes se han denunciado desde hace mucho tiempo en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en las constituciones y legislaciones de los países, incluso ha generado la rabia social e inspirado actos de protesta (cada día las redes sociales se encienden con #LasNiñasNoSeTocan, #NoMeCuidanMeViolan, #EmbarazoForzadoEsTortura, las calles también han sido tomadas por las mujeres exigiendo justicia para ellas)

Pero también, cada día seguimos observando como todas las promesas de los gobiernos y las resoluciones de las instituciones no han bastado para acabar con la violencia ejercida a las niñas y adolescentes. Durante años, hemos observado como todos estos actos de violencia que se han “justificado” con diversas expresiones       -“No hubo placer”, “fue desahogo sexual” , “ella lo pidió, lo disfrutó”- o con el pretexto de la tradición, la religión, la cultura, la familia y la “propiedad” (de los cuerpos de las mujeres) quedan impunes y además se permite que los agresores sean liberados o sólo purguen sentencias por mero formulismo porque las violencias las comete el funcionario, el policía, el personal de ejército, el familiar, el amigo, el vecino.

Los agresores quedan impunes porque históricamente las mujeres desde que nacen -sus cuerpos y sus vidas-, son vistas en este sistema patriarcal como un objeto; porque todas estas prácticas que las vulneran se basan en la premisa de que los derechos y bienestar de una niña y adolescente son menos importantes que los de los hombres, porque son niñas, porque “no se dan cuenta”, porque “es una niña incapaz de decidir”, porque esas niñas devienen en algo menos que una mujer, menos que un ser humano.

Entonces preguntémonos, ¿quién les está fallando?, ¿quién no está permitiendo que las niñas sigan siendo niñas?, ¿quién está negando a las niñas como sujetas de derechos?

A todas las niñas y adolescentes de la región que han sido vulneradas en sus derechos humanos no sólo les fallaron las políticas y la justicia del Estado, no sólo les fallaron las Instituciones Públicas y Privadas, no sólo les falló el juez que atendió el caso y exoneró al agresor; les fallaron las familias, las comunidades, les falló la sociedad, esa que culpa a la niña, adolescente de su violación, de su embarazo, de su muerte, replicando discursos –“lo provocó por la forma en que vestía”, “la forma en cómo se comportó”- y prácticas machistas y nocivas.

Recordemos que todos los actores sociales son responsables de proteger el interés superior de las niñas y adolescentes, y de actuar en consonancia con su reconocimiento como sujetas de derechos. Esto incluye a las familias, a los ciudadanos, a los medios de comunicación y al Estado

Por eso, es necesario y urgente que todos los actores dejen de ser cómplices de conductas y discursos que las vulneran, se debe dejar de pedirles a las niñas que sean supuestas heroínas (aguantando y sobreviviendo las violencias sistemáticas, siendo madres a la fuerza después de una violación) para que puedan ser, niñas.

Así, lo que el mundo necesita ahora es que exista un auténtico cambio y resultados tangibles en todos los espacios públicos y privados si queremos proteger la integridad de millones de niñas y adolescentes en peligro, requerimos que las sociedades las reconozcan como sujetas de derechos. Requerimos que se les garantice su derecho a ser escuchadas en la toma de decisiones sobre su salud, y que definitivamente se respete su dignidad.

Se los debemos.

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Adriana García.

Defensora del medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos.

twitterbird_rgb@1208_adry

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