Policía, ¡No me mates!

No, no se trata de unas cuantas “manzanas podridas” como cínicamente el gobierno quiere hacerle ver a la ciudadanía, sino de una institución completa que hace mucho tiempo fue permeada por la corrupción, la violencia y una doctrina de odio que le hace ver enemigos en todas partes y asumir los conflictos ciudadanos como si se tratara de una guerra. Estamos hablando de la Policía Nacional de los Colombianos.

El asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía Nacional, generó una ola de indignación y rabia en contra de la institución, no sólo por la sevicia observada en ese crimen, sino porque con este se sumó una víctima más a la larga lista de crímenes cometidos por la Policía en contra de los ciudadanos, lo que de manera inequívoca da a entender que ellos, quienes se supone tienen la obligación constitucional de  proteger a la ciudadanía, son los que han decidido aniquilarla.

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El crimen de Ordóñez desencadenó protestas monumentales, especialmente en Bogotá y el conurbano municipio de Soacha, donde el repudio de la ciudadanía se materializó en ataques a los Comandos de Atención Inmediata – CAI-  (micro estaciones de Policía localizadas en los barrios de las principales ciudades de Colombia), cuya respuesta por parte de los uniformados fue una brutal represión que en las noches de los días 9 y 10 de septiembre dejó un saldo de 14 personas asesinadas y decenas más abusadas, torturadas y detenidas irregularmente.

Durante esas dos noches Bogotá y Soacha vivieron un verdadero horror que dejó en evidencia la cara real de la Policía Nacional: hombres y mujeres que imponen su ‘autoridad’ con métodos violentos y letales, vulnerando derechos y libertades consagradas en la Constitución, haciendo alarde de su uniforme y armas, generando terror, desconfianza y repudio en la mayoría de ciudadanos, que lejos de sentirse protegidos por ellos, se sienten en peligro y con zozobra de pensar que en cualquier momento pueden ser ellos las próximas víctimas más.

Las víctimas de la Policía:

Con el caso de Javier Ordóñez los colombianos recordaron otras vìctimas mortales y simbólicas del odio y la brutalidad policial como son Dylan Cruz (23 de noviembre de 2019), Nicolás Neira (1 de mayo de 2005), Cristian Hurtado (10 de septiembre de 2019) y otras tantas asesinadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – de la Policía Nacional, esa fuerza represiva criminal que envían a asesinar ciudadanos en cada protesta que hay en el país y cuyos crímenes, en su mayoría, siguen impunes. 

Sin embargo, a pesar de lo coyuntural que pueda parecer esto, ni los crímenes de la Policía y sus diferentes unidades son nuevos, ni el descontento ciudadano es esporádico. Son años de abusos, violencia, corrupción e indignación que se unen en un cúmulo que estalla poco a poco y ante el cual la única respuesta que tiene el gobierno, es profundizar la violencia en contra de la ciudadanía, perseguirla y restringir cada vez más sus derechos y libertades.

Para entender lo anterior basta ver el informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz -, donde se evidencia que sólo entre el 01 de enero y el 20 de septiembre de 2020 ocurrieron al menos 34 asesinatos por parte de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), demostrando cómo más allá del eufemismo de las “manzanas podridas” que utilizan Iván Duque, su Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y los altos mandos militares y de Policía para minimizar la gravedad de los hechos y justificarlos, lo que hay en realidad es una Política de Estado criminal, idéntica a la famosa Seguridad Democrática que sembró el terror en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Y claro, es cierto que “no todos los policías son malos”, como dicen con justa razón el gobierno, los mismos policías y muchos otros ciudadanos, que a pesar de todo siguen creyendo en ellos. No obstante, hay que decir que la mayoría de quienes pertenecen a la institución actúa con odio, sevicia, imponiendo autoridad con violencia y aniquilando ciudadanos de forma sistemática, porque son bastante escasos aquellos que tienen vocación de servicio y actúan en favor de la ciudadanía.

Lo que sucede es tan grave que incluso el diario The Economist y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – solicitaron la urgente reforma de la Policía Nacional, haciendo énfasis en la necesidad de separarla del Ministerio de Defensa y dejar de regirse por una doctrina militar. No hay estigmas ni generalizaciones, la Policía Nacional requiere una reforma urgente, su descomposición es mayor y sigue creciendo y esa es una realidad innegable e ineludible.

Lo que no se dice

Mientras la Policía asesinaba colombianos, Iván Duque seguía muy cómodo en su show diario de televisión, omitiendo lo que sucedía. Luego, contra toda evidencia disponible, lo único que se le ocurrió fue defender ciegamente a la Policía, lamentar que haya habido uniformados lesionados y heridos (ninguno asesinado) durante las protestas y burlarse una vez más de la enorme indignación y repudio que hay contra él y su gobierno.

Acto seguido, nuevamente se sintió con autoridad y criterio para cuestionar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, anunciando una denuncia internacional contra Nicolás Maduro por “crímenes de lesa humanidad”, como si lo que pasa en Colombia no fuera igual y hasta peor que lo que ocurre en el vecino país.

Finalmente, mientras escribíamos esta columna se registró  una nueva masacre, esta vez en Buenos Aires (Cauca). Este año ya van 60 con corte al 20 de septiembre y en estas han sido asesinadas 244 personas.

 

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Samuel Gallego Suárez.

Comunicador Social y miembro de la Red Jóvenes Iberoamericanos.

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