PIN parental ¿propiedad de las Familias o el estado?

Durante el primer semestre del 2020, fue presentada en los congresos estatales de diversos estados de la República Mexicana la propuesta legislativa conocida como “Pin Parental” que representa una restricción al derecho de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) a la información, educación laica, educación en materia de sexualidad, salud sexual y reproductiva, así como  diversidad, inclusión, perspectiva de género, entre otros.  

Esta iniciativa que es inconstitucional al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, además de transgredir el marco nacional e internacional de los derechos humanos en favor del interés superior de la niñez –de acuerdo al análisis realizado por la  Comisión Nacional de Derechos Humanos[i], la Suprema Corte de Justicia de la Nación[ii] y la Secretaría de Gobernación[iii] quienes además se han pronunciado en contraen días recientes ha sido presentada ahora en los congresos de Quintana Roo y Jalisco

Y es que el discurso de los promotores de dicha iniciativa ha versado en que son los padres, madres y tutores/as quienes tienen el derecho a elegir el tipo de educación a fin de “proteger” a las y los menores de información “sensible” -específicamente en contenidos de sexualidad- de acuerdo a sus convicciones y creencias y no como el Estado lo decida.

Las preguntas que surgen entonces bajo esta narrativa son: ¿Las NNA son propiedad de alguien?, ¿es deber de ese alguien protegerlos, en qué sentido?, ¿qué tipo de bienestar se busca para ellos?, ¿cómo son y serán percibidos las NNA en la esfera pública y sobre todo en la privada?, ¿qué rol jugarán entonces las NNA bajo este discurso?, ¿tendrán una voz?, ¿derecho a elegir -qué, cuándo, cómo, en dónde-?

Porque pareciera que en este discurso lo que se olvida es que la infancia y adolescencia al igual que las niñas y sus historias sólo emergen en la esfera pública y en las primeras planas cuando ya no es posible ocultar las violencias sistemáticas que vulneran sus cuerpos, su vida y su futuro, cuando esas acciones cotidianas cometidas en la vida privada ya no se pueden evadir y ponen de manifiesto ese discurso dominante -hegemónico, patriarcal y adultocéntrico- que impera en las sociedades y -aún en muchas ocasiones- en el Estado, colocando a las NNA como objetos que son propiedad de alguien y no como sujetos de derechos. Esta problemática es mucho más significativa en las niñas porque sufren una doble vulneración de sus derechos al ser menores y mujeres.

Sabemos por ejemplo, que en México tan solo en 2019 se estimó una tasa de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. Mientras que en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar el 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casa tan solo en el periodo de confinamiento -por COVID19-, y el 5% sufrió abuso sexual.[iv]

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Entonces, cuando uno observa estos datos cae en la cuenta de que antes de estas violencias visibles en lo público -en sus cuerpos y que roba la construcción de una historia elegida por las NNA- tuvo que existir un ciclo de violencia que inició en lo privado, en lo cotidiano, en la “normalidad”, en la cultura, en el silencio y complicidad, en las mentalidades y subjetividades que evidentemente siguen reproduciendo un discurso en donde las NNA son sujetos especialmente incompletos que no tienen un pensamiento y voz propia, que no les atraviesa un entorno lleno de complejidades; asunto que es aún mucho peor para las niñas quienes son seres inexistentes o negadas en toda acción y práctica narrativa. 

Se visibiliza que el Estado y las Instituciones no han sido suficientemente sólidas y responsables para garantizarles todos sus derechos, que no han estado exentas de ese discurso dominante que ha invisibilizado y negando la existencia de las diversidades de las NNA, que aún no han logrado garantizar la equidad a las niñas porque las leyes, políticas y programas públicos siguen careciendo de una perspectiva de género.

Y que aun cuando existen diversos marcos legales nacionales e internacionales y las familias y tutores tengan las mejores intenciones para asegurarles un bienestar a los menores, sería ingenuo pensar que las problemáticas y el futuro de las NNA se resuelve al decidir de quién son propiedad –de las familias o el Estado- y quién los protegerá, o que se garantizara ese bienestar en todos los espacios con una ley -ya sea propuesta por las familias o por el Estado- sin un real acompañamiento por ambas partes que les brinde esos espacios seguros en cada etapa de su desarrollo. 

Para transformar realmente sus vidas el primer paso es eliminar esa ética cultural que devalúa el reconocimiento y autonomía de las NNA en todos los espacios; informar a todas las personas, familias, las y los tomadores de decisiones acerca de las consecuencias que acarrean a las NNA algunas prácticas nocivas, sobre las ventajas para las familias y las comunidades que se derivan de que crezcan en acompañamiento, con acceso a la información y herramientas, en espacios en donde ellas/os puedan nombrar sus experiencias, preocupaciones, miedos, dudas, sueños, anhelos sabiendo que existe todo un aparato  familiar y social que les escucha y guía en SU toma de decisiones. 

Porque si el debate continúa en saber de quién son o serán propiedad, quiénes serán los próximos  responsables de su protección, lo que seguirá en la historia de las y los menores serán noticias cotidianas que como sociedad espectadora leeremos durante el día, ese recuento trágico de historias robadas y negadas, de sueños inconclusos a través de un estremecedor relato del ciclo de violencias al que fueron sometidas en todos sus espacios de desarrollo y a veces hasta llegar más tarde o más temprano a la muerte. 

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN POR:

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Adriana García. Joven defensora del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos.

twitterbird_rgb@1208_adry

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[i] La CNDH llama a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas de incluir el denominado “pin parental” en sus leyes estatales. 2020. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_215.pdf 

[ii] El pin parental: una amenaza al derecho a la educación sexual en México. 2020. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-pin-parental-una-amenaza-al-derecho-la-educacion-sexual-en-mexico

[iii]  “Pin Parental”: restricciones al derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación laica y a la educación en materia de salud sexual y reproductiva. 2020. Secretaría de Gobernación. https://www.gob.mx/segob/documentos/pin-parental-restricciones-al-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes-a-la-educacion-laica-y-a-la-educacion-en-materia-de-salud-sexual

[iv] Save the Children hace un llamado a los congresos estatales a que eviten promover el “Pin Parental” ya que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. 2020. Save the Children.  https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/eviten-promover-el-pin-parental%E2%80%9D?fbclid=IwAR1wE4jtS8jjqpiDTWXaX2_zrj6bLP0CrWmAVpgCTfWcVrVygl36TgO18Ak

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